Por Luis Irastorza Ruigómez
En los últimos cuatro o cinco años ha emergido con fuerza en los círculos académicos, económicos y políticos el debate sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones en nuestra forma de vida y en la economía futuras. Todos los agentes sociales y los partidos políticos se han posicionado frente a esta cuestión habiendo variado su respuesta desde posiciones en las que se exige una acción inmediata por parte de los gobiernos hasta posiciones radicalmente negacionistas con respecto a los impactos que podrían eventualmente derivar de un, ya perceptible, incremento de temperatura en la Tierra, que es de unos 0,8º C con respecto a hace 100 años.
El paso lo han ido marcando los cuatro informes emitidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC en sus siglas inglesas) de la ONU desde el año 1990. En concreto el informe de ese año motivó la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, organismo donde se coordinan las negociaciones entre todos los países, tanto desarrollados como no desarrollados, pertenecientes a la ONU, y que tiene una reunión plenaria a finales de cada año. El segundo informe del IPCC, publicado en 1995, dio lugar al borrador del protocolo de Kyoto, acuerdo mediante el que los 39 países desarrollados y economías de transición se comprometían, una vez que hubiera sido ratificado por unas mayorías cualificadas (55% de países y 55% de emisiones del total de los 39 países), a disminuir sus emisiones en el período 2008-2012 en un 5,2% sobre las correspondientes emisiones de 1990. El tercer informe fue publicado en el año 2001 y dio lugar a la ratificación por la mayor parte de los países del protocolo de Kyoto, que entró en vigor del mismo en el año 2005. Finalmente, el último informe fue publicado en el año 2007 y en él se concluye que, con un gran nivel de certidumbre (superior al 95%), “el aumento observado del promedio mundial de las temperaturas desde mediados del siglo XX se debe en su mayor parte al aumento observado de las concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicos”.
Es claro que el conocimiento científico tiene incertidumbre, tanto en lo que se refiere a la reproducción de lo que ha venido ocurriendo en nuestro clima hasta ahora como, muy especialmente, en cuanto a la previsión de lo que va a ocurrir en el futuro. En el análisis del clima pasado, el nivel de incertidumbre se incrementa en un grado de magnitud cuando se intenta conocer lo que ha ocurrido en la Tierra con anterioridad a la época instrumental, que podríamos ubicar a finales del siglo XIX, y todavía aumenta en otro grado de magnitud cuando intentamos reproducir el clima hace más de 600.000 años, límite hasta el que se puede estimar la temperatura de un determinado lugar a partir de las perforaciones de hielo en la Antártida y en Groenlandia. Por otro lado, y mucho más difícil todavía es la predicción de la evolución del clima en el futuro, para lo que existen dos causas de incertidumbre: por un lado, la cuantificación de las emisiones futuras y, por otro, la precisión de los propios modelos climáticos globales.
En todo caso, el informe del IPCC de 2007 ha marcado un hito, en el sentido de que el debate científico ha cedido el protagonismo al debate político y económico sobre el reparto del coste económico que indudablemente va a suponer la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 en un 50% a nivel mundial, lo que podría suponer una reducción de un 80% en el mismo período para los países desarrollados como España. Actualmente existe un gran nivel de incertidumbre sobre el coste que podría representar esta reducción del nivel de emisiones, dado que el mismo depende, por un lado, de la evolución de determinadas tecnologías (la denominada curva de aprendizaje) y, por otro, del propio reparto del esfuerzo entre países y, fundamentalmente, entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Para hacerse una idea del orden de magnitud que podría suponer la incorporación del coste de las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos tener en cuenta que las emisiones anuales de dióxido de carbono equivalente (es decir traduciendo a CO2 las emisiones de todos los demás gases de efecto invernadero) actuales son del orden de 50 gigatoneladas y que el coste estimado de la tonelada de CO2 equivalente en varios de los modelos econométricos más consistentes podría ser del orden de 50 dólares por tonelada. Si realizamos estos cálculos, nos daría una cantidad del orden de magnitud del coste total actual del petróleo en el mundo (30.000 millones de barriles x 80 dólares/barril). Con estas hipótesis, por supuesto muy discutibles y muy simplificadas, pero válidas para darnos un orden de magnitud de la repercusión económica de la reducción de emisiones, el coste a nivel mundial sería del orden del 5% del PIB mundial.
No hay duda de que en los próximos años va a ser necesario llegar a acuerdos internacionales para distribuir el esfuerzo de la reducción de emisiones. Debe también tenerse en cuenta que el protocolo de Kyoto termina en 2012 y que necesariamente debe ser sustituido por otro convenio internacional, esta vez más ambicioso y más amplio al tener que incorporar a todos los países del mundo, tanto los desarrollados como los que están en vías de desarrollo. Aunque la cumbre del clima de Copenhague de finales del pasado año resultó un fracaso, especialmente si comparamos sus resultados con las expectativas que se habían puesto en ella, va a resultar absolutamente imprescindible llegar a acuerdos. En los próximos años vamos a asistir a cambios notables en la estructura económica mundial siendo uno de los mayores motores de ese cambio, si no el mayor, la necesidad perentoria de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Pero el cambio siempre fue sinónimo de oportunidad, fundamentalmente para los más innovadores. Y nuestra profesión debe ser agente de ese cambio, como lo fue en otras épocas de la historia.