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Por Luis Irastorza Ruigómez

En los últimos cuatro o cinco años ha emergido con fuerza en los círculos académicos, económicos y políticos el debate sobre el cambio climático y sus posibles repercusiones en nuestra forma de vida y en la economía futuras. Todos los agentes sociales y los partidos políticos se han posicionado frente a esta cuestión habiendo variado su respuesta desde posiciones en las que se exige una acción inmediata por parte de los gobiernos hasta posiciones radicalmente negacionistas con respecto a los impactos que podrían eventualmente derivar de un, ya perceptible, incremento de temperatura en la Tierra, que es de unos 0,8º C con respecto a hace 100 años.

El paso lo han ido marcando los cuatro informes emitidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC en sus siglas inglesas) de la ONU desde el año 1990. En concreto el informe de ese año motivó la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, organismo donde se coordinan las negociaciones entre todos los países, tanto desarrollados como no desarrollados, pertenecientes a la ONU, y que tiene una reunión plenaria a finales de cada año. El segundo informe del IPCC, publicado en 1995, dio lugar al borrador del protocolo de Kyoto, acuerdo mediante el que los 39 países desarrollados y economías de transición se comprometían, una vez que hubiera sido ratificado por unas mayorías cualificadas (55% de países y 55% de emisiones del total de los 39 países), a disminuir sus emisiones en el período 2008-2012 en un 5,2% sobre las correspondientes emisiones de 1990. El tercer informe fue publicado en el año 2001 y dio lugar a la ratificación por la mayor parte de los países del protocolo de Kyoto, que entró en vigor del mismo en el año 2005. Finalmente, el último informe fue publicado en el año 2007 y en él se concluye que, con un gran nivel de certidumbre (superior al 95%), “el aumento observado del promedio mundial de las temperaturas desde mediados del siglo XX se debe en su mayor parte al aumento observado de las concentraciones de gases de efecto invernadero antropogénicos”.

Es claro que el conocimiento científico tiene incertidumbre, tanto en lo que se refiere a la reproducción de lo que ha venido ocurriendo en nuestro clima hasta ahora como, muy especialmente, en cuanto a la previsión de lo que va a ocurrir en el futuro. En el análisis del clima pasado, el nivel de incertidumbre se incrementa en un grado de magnitud cuando se intenta conocer lo que ha ocurrido en la Tierra con anterioridad a la época instrumental, que podríamos ubicar a finales del siglo XIX, y todavía aumenta en otro grado de magnitud cuando intentamos reproducir el clima hace más de 600.000 años, límite hasta el que se puede estimar la temperatura de un determinado lugar a partir de las perforaciones de hielo en la Antártida y en Groenlandia. Por otro lado, y mucho más difícil todavía es la predicción de la evolución del clima en el futuro, para lo que existen dos causas de incertidumbre: por un lado, la cuantificación de las emisiones futuras y, por otro, la precisión de los propios modelos climáticos globales.

En todo caso, el informe del IPCC de 2007 ha marcado un hito, en el sentido de que el debate científico ha cedido el protagonismo al debate político y económico sobre el reparto del coste económico que indudablemente va a suponer la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 en un 50% a nivel mundial, lo que podría suponer una reducción de un 80% en el mismo período para los países desarrollados como España. Actualmente existe un gran nivel de incertidumbre sobre el coste que podría representar esta reducción del nivel de emisiones, dado que el mismo depende, por un lado, de la evolución de determinadas tecnologías (la denominada curva de aprendizaje) y, por otro, del propio reparto del esfuerzo entre países y, fundamentalmente, entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Para hacerse una idea del orden de magnitud que podría suponer la incorporación del coste de las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos tener en cuenta que las emisiones anuales de dióxido de carbono equivalente (es decir traduciendo a CO2 las emisiones de todos los demás gases de efecto invernadero) actuales son del orden de 50 gigatoneladas y que el coste estimado de la tonelada de CO2 equivalente en varios de los modelos econométricos más consistentes podría ser del orden de 50 dólares por tonelada. Si realizamos estos cálculos, nos daría una cantidad del orden de magnitud del coste total actual del petróleo en el mundo (30.000 millones de barriles x 80 dólares/barril). Con estas hipótesis, por supuesto muy discutibles y muy simplificadas, pero válidas para darnos un orden de magnitud de la repercusión económica de la reducción de emisiones, el coste a nivel mundial sería del orden del 5% del PIB mundial.

No hay duda de que en los próximos años va a ser necesario llegar a acuerdos internacionales para distribuir el esfuerzo de la reducción de emisiones. Debe también tenerse en cuenta que el protocolo de Kyoto termina en 2012 y que necesariamente debe ser sustituido por otro convenio internacional, esta vez más ambicioso y más amplio al tener que incorporar a todos los países del mundo, tanto los desarrollados como los que están en vías de desarrollo. Aunque la cumbre del clima de Copenhague de finales del pasado año resultó un fracaso, especialmente si comparamos sus resultados con las expectativas que se habían puesto en ella, va a resultar absolutamente imprescindible llegar a acuerdos. En los próximos años vamos a asistir a cambios notables en la estructura económica mundial siendo uno de los mayores motores de ese cambio, si no el mayor, la necesidad perentoria de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Pero el cambio siempre fue sinónimo de oportunidad, fundamentalmente para los más innovadores. Y nuestra profesión debe ser agente de ese cambio, como lo fue en otras épocas de la historia.

Por Ángel Zarabozo

Hace sólo pocos días ha tenido lugar un debate, del que se han hecho eco los medios de comunicación, en el que representantes de los dos “think tanks” (laboratorios de ideas) de los dos principales partidos políticos se han posicionado sobre diferentes aspectos relacionados con “el futuro del modelo energético en España”, proponiendo iniciativas lógicamente alineadas con su proyecto político.

  • La Fundación IDEAS para el Progreso es una macrofundación que integra las Fundaciones anteriores ya existentes, vinculadas al PSOE.
  • La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) está vinculada, desde su creación, al Partido Popular.

Ambas incorporan una evidente carga ideológica, y comparten el objetivo común de conformar un centro de pensamiento para el desarrollo de ideas y de propuestas políticas.

Protagonizaron el debate responsables de las respectivas Fundaciones con formación económica (un senior fellow del área de Economía por parte de IDEAS, y el director de Economía y Políticas Públicas de FAES). Se pretendía que el debate fuera técnico y no ideológico, de forma que aportasen la mejor aproximación a las que probablemente serán sus futuras políticas públicas, en uno u otro escenario.

El tema era importante, ya que nadie pone en duda que la planificación energética para el largo plazo no debe abordarse sin un diseño previo, ni sin el máximo consenso de las fuerzas políticas.

En primer lugar, el suministro de energía eléctrica es un servicio de carácter esencial, del que es necesario disponer en cantidad, calidad y coste, y dentro de un marco de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. En segundo lugar, la energía constituye una variable fundamental para la definición del modelo de desarrollo económico, y su adecuada gestión constituye un factor clave de competitividad

Para centrar posiciones basta considerar que España es el segundo país de la UE con mayor dependencia energética del exterior, y el que más incumple con su compromiso de reducción de emisiones. El precio de la electricidad para uso industrial pasó de ser el noveno más caro de la UE durante 2008 al cuarto durante 2009, y los precios medios para uso doméstico, escalaron dos posiciones, marcando el noveno mayor precio.

Como era de esperar, ante un problema común, cuando se generan serias dudas sobre la sostenibilidad de nuestro modelo energético y en un momento en el que nuestra coyuntura económica requiere de modelos muy sólidos para conseguir que los cambios no resulten aún más perjudiciales, ambas partes plantearon posiciones muy distantes.

Para el representante de IDEAS, el sector público debería ejercer un papel impulsor de un nuevo modelo energético centrado en las energías renovables, opción que tiene capacidad de aportar, además, una dimensión industrial considerable a través del desarrollo tecnológico y del nivel de empleo.

Durante su exposición se aportaron argumentos de defensa de las energías renovables, se aseguró que el funcionamiento del sistema está garantizado, y se justificó el elevado coste de de las energías renovables en base a la reducción de emisiones que permiten, el ahorro conseguido en combustibles fósiles, y su repercusión favorable sobre la actividad industrial.

Considera que la energía nuclear no tiene cabida, puesto que la inversión privada no entraría en el sector sin ayuda pública, y esta última estaría ya comprometida con las tecnologías renovables.

Como retos de futuro planteó la mejora de la eficiencia energética (en los edificios y en el transporte, con una reducción de las puntas de energía), y la conveniencia de desarrollar una tecnología propia (esfuerzo en I+D+i).

Para el diseño del modelo propuso un amplio debate social, en base a cuatro líneas: garantizar la disponibilidad de la energía, conseguir una utilización eficiente de la misma, costes ajustados a los precio para evitar los déficits de tarifa, y energía no contaminante y que potencie la actividad industrial y productiva, primando las patentes españolas y la creación de empleo.

Para el representante de FAES, el modelo energético actual resulta insostenible y presenta desequilibrios entre el coste de producción y los precios. Destacó la incidencia del déficit tarifario, la debilidad de los Organismos reguladores, y el hecho de que la falta de un marco institucional adecuado fomenta la inseguridad jurídica y dificulta las inversiones a largo plazo.

Apostó por un mix de producción equilibrado, seguro, competitivo y respetuoso con el medio ambiente, en el que tengan cabida todas las fuentes energéticas, y en particular la combinación de nucleares y renovables, puesto que se complementan y contribuyen a la estabilidad y la eficiencia del sistema.

Defendió la necesidad de un marco institucional en el que se especifiquen los incentivos y el calendario de abandono de unas primas que constituyen el principal lastre de las energías renovables.

Considera que los retos del futuro consisten en hacer compatibles las diferentes tecnologías, y en la necesidad de reforzar los mecanismos de competencia y de avanzar por el camino de la liberalización.

Las dos partes abogan por un modelo más eficiente en el que costes y precios estén más equilibrados, que no contamine y que sea más competitivo, y coinciden en una serie de puntos:

  • La necesidad de impulsar el desarrollo de las energías renovables.
  • La necesidad de reducir los costes del sistema y de poner fin a uno de sus problemas más graves, el déficit de tarifa.
  • El control de las subvenciones públicas a las nuevas tecnologías, que deberían tener carácter sólo temporal hasta que las inversiones tecnológicas alcancen su madurez.

Al mismo tiempo mantienen posiciones divergentes ante el futuro de la energía nuclear, puesto que IDEAS insistía en que las dos tecnologías (renovables y nuclear) no son compatibles y no se puede apostar por ambas a la vez, mientras que FAES consideraba que todas las energías se complementan, aportan estabilidad y contribuyen a la eficiencia del sistema.

La iniciativa de este debate puede considerarse como un primer paso, y positiva, aunque sus resultados hayan sido escasos, no resulte sencillo localizar un punto de encuentro, y haga parecer una misión casi imposible aunar posiciones en el Parlamento en torno a un hipotético pacto de Estado sobre Energía.

Sin embargo, la aproximación global realizada al problema no ha resultado más que muy ligera, y los temas abordados abundan en tópicos y en lugares comunes sin que puedan aportar suficiente luz al debate sobre las fuentes energéticas.

Todos estamos de acuerdo en unos principios básicos, pero hay que convertirlos en realidades, y muchos temas importantes que deben marcar las pautas para la definición del nuevo modelo de desarrollo energético, no fueron ni siquiera enunciados.

De hecho, las actuaciones de la Administración sobre el sector eléctrico/energético deberían orientarse ineludiblemente hacia tres objetivos fundamentales:

  • Garantizar un suministro suficiente y adecuado de energía eléctrica (objetivo de características técnicas).
  • Controlar el crecimiento de la tarifa para fomentar la competitividad y contener la inflación (objetivo de características económicas).
  • Fortalecer el funcionamiento de la Regulación (objetivo imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema).

y son muchas las cuestiones que todavía no tienen respuesta. Como ejemplo, y para centrar el problema cara a futuros debates y a su posible discusión en este foro, se pueden enumerar, entre otras, las siguientes:

  • Una estimación razonada de la evolución previsible de la demanda y de las necesidades de adecuación de la potencia instalada.
  • El coste del suministro, que es la variable económica fundamental para el usuario y condiciona la competitividad de los procesos industriales.

Los costes reales están directamente relacionados con la fuente de energía primaria utilizada, y la calidad de la gestión del explotador. Sin embargo, el precio final para el usuario resulta fundamentalmente condicionado por el modelo retributivo adoptado por la Administración.

  • El impacto del precio de la energía sobre la recuperación económica, y el posible agotamiento del sistema retributivo actual.
  • La necesidad de compaginar la sostenibilidad medioambiental con una sostenibilidad económica que minimice los riesgos de pérdida de competitividad de nuestros procesos industriales.
  • El significado físico del déficit tarifario, y el análisis de la viabilidad de otras alternativas de determinación de precios en el mercado de generación, que eviten que las tecnologías de costes más altos fijen por elevación la retribución de todo el sistema.
  • La calidad del suministro, que está condicionada por la capacidad de la red y exige desarrollar los programas de inversiones necesarios para renovar y adecuar las infraestructuras de transporte y distribución.
  • Las posibilidades de eliminación de las muy fuertes barreras de entrada en este sector.
  • La revisión del sistema retributivo de las instalaciones asignadas al Régimen Especial, recalculando las primas en base a datos de costes de implantación y de capacidades de producción parametrizados sobre datos reales.
  • Las inversiones adicionales necesarias en instalaciones de respaldo de disponibilidad inmediata, y en redes de transporte y distribución, para garantizar la estabilidad de un sistema intensivo en tecnologías renovables.
  • La vida útil, pero sobre todo, la seguridad y la gestión de las centrales nucleares.
  • La infrautilización de las instalaciones de ciclo combinado, y el excedente en los contratos de abastecimiento a largo plazo “take or pay” (¿masivos?) de gas natural.
  • La coherencia de las últimas subvenciones al carbón nacional.
  • La ampliación de las interconexiones internacionales para facilitar intercambios de energía que aporten estabilidad al sistema.

Mejorando la seguridad de suministro, y facilitando respuesta a las oscilaciones de tensión derivadas de las desconexiones de los parques de energías renovables.

  • El impacto sobre la tarifa eléctrica de otras inversiones y proyectos, internacionales o no energéticos,de las empresas eléctricas.
  • La necesidad de contar con una Administración responsable y unos Organismos reguladores competentes, equilibrados, y no politizados, capaces de adoptar en todo momento las decisiones más convenientes en defensa de la posición del empresario, el industrial y el ciudadano.
  • El impulso a la I+D+i, para desarrollar a medio plazo el uso de nuevas tecnologías que garanticen el mantenimiento del suministro a precios competitivos.
  • La necesidad de continuar explorando otras opciones técnicas que contribuyan a la reducción de emisiones de CO2 en las instalaciones convencionales.
  • El coche eléctrico ¿una oportunidad de crecimiento? ¿una demanda social?

Todas ellas, junto a otras, sobre las que deberíamos participar y opinar como colectivo, contribuyendo junto al resto de agentes sociales a identificar las alternativas más convenientes para desarrollar un nuevo modelo energético que resulte suficientemente estable, sólido, seguro, competitivo y sostenible.

Y tenemos la obligación de acertar en el diseño, porque, en el sector de la luz, posiblemente el más oscuro de todos los sectores, los probables aciertos y los posibles errores de sus protagonistas los pagamos entre todos.

El eslabón perdido

Por César Lanza

La celebración el año pasado del centenario de Charles Darwin, sirvió entre otras cosas para refrescarnos en la memoria el término the missing link -el eslabón perdido- que se asocia habitualmente con la obra de aquel excepcional naturalista y antropólogo inglés. Darwin expresaba en ese concepto, tan gráfico, la dificultad que él se encontró para explicar la evolución del ser humano a partir del registro fósil que queda de nuestra especie desde que ésta hiciera su aparición en el planeta, algo que parece que sucedió hace cuatro o cinco millones de años. La ingeniería, y especialmente nuestra querida profesión de Caminos, Canales y Puertos, sólo puede presumir de una antigüedad mucho más modesta que la del género humano, apenas veintiuna décadas. Sin embargo al observar retrospectivamente la huella dejada por los ingenieros de Caminos en la historia de nuestro país, habría que empezar a sospechar de la aparición en tiempos recientes de un fenómeno similar al que despistó a Darwin en sus pesquisas evolucionistas: una carencia tan cierta como preocupante de registro.

La ingeniería, a pesar de ser una de las formas de actuación humana más directamente vinculadas a los conceptos de modernidad y progreso, viene desde hace algunos años perdiendo lamentablemente el rastro visible de su relación con la cultura de nuestro tiempo. Entiéndase aquí la cultura no exclusivamente en su acepción tradicional humanística, sino más bien en el sentido sintético con que se definiría grosso modo el acervo de valores de una sociedad o civilización determinada. En el tiempo y lugar que hoy nos corresponden, se trata de los valores de una sociedad como la española que ha transitado en un lapso relativamente breve desde una modernidad, largamente diferida por cuarenta años de franquismo, a lo postmoderno y ahora aún más allá. La ingeniería, que es una manifestación de la capacidad del hombre para crear realidades que trascienden a su propia naturaleza, debería tener una inscripción mucho más visible en la cultura contemporánea de la que hoy se aprecia.

La sociedad y la cultura de nuestro tiempo poseen unos valores y unos ámbitos de definición concretos con los que la ingeniería de Caminos está perdiendo contacto, y peor aún, identificación positiva, tanto en lo que respecta a la opinión pública como ante los ojos de los decision makers, lo cual es motivo de preocupación. Se trata de ámbitos diversos pero entre los que merece la pena destacar -por su importancia y visibilidad en el discurso mediático dominante- tres aspectos muy concretos: (i) la innovación o creación de valor a través de lo nuevo, (ii) la cultura visual y perceptiva de las formas construidas, es decir la dignificación y el realce del valor plástico de las obras más allá de su utilidad instrumental, y (iii) la redefinición inteligente y cuidadosa del diálogo de la ingeniería con la naturaleza y con el patrimonio heredado de épocas pasadas.

La ingeniería de Caminos ya no puede entenderse como inmutabilidad repetitiva de un legado nuclear bicentenario, por importante que sea, y menos aún ceder al fácil sentimiento nostálgico de un pasado de gloria que corre el riesgo de degenerar en insana necrofilia. Nuestros ilustres muertos, muertos están. Es preciso actuar con decisión y moverse en la realidad social y cultural de hoy, especialmente en lo que se cuece en torno a las fronteras de lo nuevo. Desbordando para ello la tradición, practicando el contrabando y el desacato disciplinar si es preciso, inventando historias nuevas e integrando inventos de otros para vender y construir lo nuevo. Todo ello con el fin de seguir cambiando decisivamente la circunstancia del hombre, y al tiempo hacer evidente el valor y la importancia de la ingeniería frente a terceros. Actuar para resolver no sólo los problemas de otros, sino también nuestro particular problema del eslabón perdido.

Gracias por acceder a nuestro nuevo blog de la candidatura. A través de estas páginas conocerás nuestra opinión sobre los temas más actuales del Colegio y podrás hacer comentarios.

Tu participación es muy importante.

Un cordial saludo

Miguel Ángel Carrillo y Carlos Gasca.

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